La degeneración del sentido de democracia en el mundo contemporáneo

Un dogma es una “verdad” impuesta sin ningún tipo de explicación racional que la acompañe, incluso cuando aún muchas veces resulte absurda. Es el insumo de una mente que ya no pretende discernir las cosas, que se encuentra agotada y por lo tanto no procura explicarse las situaciones, y que entonces acepta lo que se le comparte sin tan siquiera hacer un intento por comprenderlo. Es el opuesto extremo de la lucidez, de la nitidez del buen pensar, que es el uso legítimo de muestra mente, pues cuando el pensamiento se sofoca y pierde la sensatez, entonces se aferra a lo que está ya establecido, a lo que conceptualmente se ha cristalizado por la tradición. Sin ninguna base y sin ninguna razón que soporte las conclusiones desde las que se habla, el dogmático actúa como una grabadora de cinta magnética, repitiendo lo que se le ha compartido mientras aniquila su propia subjetividad, que es justo su capacidad de razonar las situaciones y de comprender lo que sucede a su alrededor por sí mismo.

Así, la sociedad occidental ha adoptado el concepto de democracia como la mejor respuesta ante la crisis política que surge de la pugna de intereses a nivel social. Pero lo ha hecho a manera de dogma. Como si la democracia por sí misma fuera la panacea de los problemas colectivos. Nadie, o al menos casi nadie discute el uso del sistema democrático como el fundamento primordial del buen vivir cuando el suelo se comparte con varios. Y quien se atreva a colocarlo en cuestión es inmediatamente demonizado y combatido, como si se tratara de una opinión leprosa a la que habría que erradicar sin pena y sin tolerancia. Ni modales ni ningún tipo de resignación se debe guardar para quien pronuncia semejante grosería, que es la grosería de poner entre juicio la pertinencia del sistema democrático como la solución más justa para la ya nombrada pugna de intereses sociales.

Recordemos que fue el dogma democrático el que dio de beber cicuta al maestro Sócrates hasta llevarlo a la muerte, hace quizás unos veintitrés siglos en la historia, mientras lo sellaba en nuestra memoria como un hombre de pocos valores y cuya dedicación era la de “corromper la mente de la juventud”, allá por la Atenas del siglo IV A.C. Sócrates, a quien debemos gran parte del sistema analítico, filosófico e epistemológico con el que se sucedieron posteriormente las ideas de Aristocles y de Aristóteles, y junto con ellas, el magnífico marco cognitivo que hizo posible el desarrollo de la teología medieval y posteriormente el de la escolástica, y que por lo tanto refiere a un antecedente directo de todo el avance científico, epistemológico y filosófico de nuestra época contemporánea, habría sido ejecutado a petición de la justica ateniense por osar a reflexionar sobre el funcionamiento de la democracia como mecanismo político en un lugar en el que de por sí se considera como la propia cuna del sistema democrático.

Pero la posición del viejo pensador era mucho más profunda de lo que afirmaba la dogmática élite ateniense de la era precristiana. Porque un sistema democrático, en su perfecto funcionamiento, supone una serie de condiciones de las que muchas veces las sociedades no están preparadas para cumplir, y que en tal sentido lo hacen lucir como una amenaza en lugar de una ventaja para el desarrollo de cualquier sociedad. Se presume, por ejemplo, que los sufragantes poseen el conocimiento pleno de la situación al momento de proceder con la celebración electoral. De cualquier otro modo, el resultado de la elección podría distanciarse lo suficiente de la solución que más conviene. Porque, ¿qué ventaja existe en contarle los votos a carpinteros sobre el tipo de metal que debe usarse en el forjamiento de un mandoble? ¿Qué provecho se percibe en un sufragio sobre sinfonías si la mayoría de los votantes son sordos?

Y guardemos el caso particular de Beethoven, pero el problema es la mayoría. O más preciso aún: la mayoría no calificada para deliberar soluciones. Y en esto se debe ser contundente, porque señala los problemas inmanentes del sistema democrático, lo que nos hace abandonar el dogma con el que justificamos dicho sistema y preguntarnos sobre las condiciones reales por las cuales éste debería operar si de verdad se quiere una ejecución acertada de la política a manos de la democracia. Aristóteles, que bien consciente estaba sobre esta situación, esbozó al respecto una taxonomía sobre las distintas formas posibles de gobierno, así como de las complicaciones estructurales de las que depende cada una. En su definición, el pensador heleno logró estimar sólo tres sistemas de gobierno con los que una sociedad pudiese elaborar sus planes políticos, que al fin de cuentas refiere a la manera con la que se resuelve la pugna de intereses inerte a la vida social o colectiva.

Monarquía, aristocracia y democracia, diría Aristóteles, son las tres grandes formas de gobernar un colectivo. La primera tendría que ver con la delegación de todo el poder del estado, sea republicano o no, sobre una sola persona, quien queda a cargo de toda la ejecución del gobierno en lo que sería un vértice piramidal y personalista. Es decir, un agente que por herencia o imposición se toma para sí el poder ejecutivo del estado, delegando funciones sólo luego de su muerte, de su propia dimisión o, en dado caso, por la conquista de un poder foráneo. Este sistema no es por sí mismo ni malo ni tampoco bueno, pues podría convertirse en el lujo más preciado al que una sociedad deba su desarrollo y su bienestar –algo así como la historia del Rey Arturo, en la Inglaterra medieval−, o bien podría degenerar en la más ardua e inescrupulosa “tiranía” con la que un déspota podría imponer su voluntad egoísta sobre el colectivo dependiente de su mandato, y esto pregúntenselo a Nerón.

La democracia, que por etimología significa “el gobierno del pueblo”, va más con el consenso que logre la mayoría de los ciudadanos durante el sufragio que se haga sobre una decisión determinada. Es decir, vale aquí la cantidad de opiniones con la que se manifieste el colectivo durante una sesión parlamentaria o una votación en particular, que en sí significa la victoria de la opción que logre la mayor cantidad de adeptos en un sufragio. Sin embargo, y tal y como se expresó anteriormente, la democracia supone el pleno conocimiento de cada contexto digno de elecciones por todos aquellos que se consideren sufragantes legítimos sobre lo que se decide. La falta de información, o de comprensión de tal realidad, puede conllevar a la manipulación de la información y de la voluntad colectiva por parte de quienes están detrás de los intereses inherentes en dicho proceso, que es el manejo de la opinión ajena con propósitos egoístas. A esta situación Aristóteles dio el nombre de “demagogia”, y podría ser tan mala como la tiranía del monarca empedernido.

Sócrates se inclinaba más por el sistema aristocrático, que es la conformación de un gobierno con el “grupo de personas que destaca en excelencia entre los demás por alguna circunstancia”, ergo, el gobierno de los mejores. Los “mejores” a la vanguardia en la toma de decisiones eliminaría el problema de la demagogia, puesto que sólo toman cartas en el asunto aquellos quienes manejen la información y el conocimiento pleno de la situación que se discute, o al menos aquellos quienes más nitidez muestren al respecto. Esta forma, empero, podría prestarse para que quienes se consideren como los más pertinentes en la ejecución de gobierno, terminen por infiltrar el ominoso sentido de sus intereses propios sobre la voluntad del colectivo, y en tanto podría degenerar en la concreción de una clase política explotadora que sólo toma en cuenta sus propios apetitos y olvida su compromiso con el resto de sus dependientes. A este último evento Aristóteles le acuñó el término de “plutocracia”.

De manera que la monarquía, la democracia y el sistema aristocrático podrían gozar de la misma potencialidad de éxito, pues cualquier ejemplar de esta troika cuenta con las condiciones suficientes para resolver el problema social, que es el problema de armonizar los distintos intereses que muestran los grupos sociales bajo un sistema único de prioridades y de ejecución de la fuerza colectiva. Pero de igual manera, y sea cual fuese el sistema que se escoja, se corre el riesgo de degenerar una dinámica contraria a la de sus virtudes, que son en dado caso sus antítesis negativas: tiranía, demagogia y plutocracia, con las que se anulan las posibilidades de éxito de cualquier sociedad, y se produciría una explotación despótica de pocos para con el resto, que son aquellos que no son gobierno.

En el mundo de hoy, o al menos en la mayoría de naciones y de países que están ligados a la cultura occidental, el consenso se ha librado a favor del establecimiento del sistema democrático como la antonomasia de la realidad política. No obstante, habría que prestarle una mirada más cercana al modo con la que la “democracia” actual viene operando, y en dado caso, denunciar la mutación de su concepto original a lo que se entiende hoy por ella, dando pasó así al nacimiento de dos subcategorías con las que se define el sistema democrático actualmente, siendo estas: la democracia participativa y la democracia representativa.

Si el concepto de democracia tiene que ver con la decisión directa sobre las operaciones del Estado y por parte del “pueblo”, entonces son muy pocas las sociedades a las que hoy podríamos nombrar como sociedades auténticamente democráticas. Lo que verdaderamente ocurre en la mayoría de los casos, y lejos de lo que dicta su definición originaria, es que los individuos no deciden directamente sobre lo que va a suceder en su entorno político, social o económico, y mucho menos legal o jurídico, sino que, a través de un episodio electoral, se determina quienes serán los agentes que sí tendrán ese poder de decisión, que es algo suficientemente distinto al caso original. Es decir, lejos de influir directamente sobre los acontecimientos, el sufragio toma un rol secundario en el que sólo sirve para elegir a quienes sí controlarán la capacidad de deliberar las decisiones que más convengan. A este último sistema, que es la degeneración del concepto de democracia, se le suele apodar “democracia representativa”.

Representativa porque a quienes se le deroga el poder, que son los victoriosos de tales elecciones, y que por lo tanto se dice que representan a las masas que los eligió, se hacen los verdaderos soberanos, quienes detentan realmente el poder de las circunstancias, y quienes imprimen de manera bastante radical su propia voluntad. Lo que piense la mayoría poco importa luego de que el elegido tome su puesto. Sin importar mucho los intereses que se hagan sentir desde los espacios públicos, el “soberano”, que es quien ejerce el poder, impone su decisión en las acciones que dependen del Estado. 

El soberano no es el pueblo, ¡esto es falso! El soberano es el gobernante elegido democráticamente, y esto es bastante distinto a lo que frecuentemente se piensa.

Esto resulta muy distinto a la democracia que se conoció en la Grecia antigua, sobre todo en Atenas. Los atenienses considerados ciudadanos se reunían en parlamentos generales en los que se convocaba la discusión de temas específicos, temas sobre los que se deliberarían acciones a cumplir por la maquinaria estatal. Y tales decisiones siempre salían de la imposición de la mayoría en los distintos tópicos disputados entre los distintos intereses que conformaban el espacio social. Es decir, un sistema como el ateniense de la Grecia clásica era puramente democrático, puesto que todas las operaciones del Estado se originaban toda vez del gobierno de la mayoría, del gobierno del “pueblo”, muy distinto a lo que ocurre hoy en día. 

Actualmente, son pocas las elecciones que se hacen de manera que influyan directamente en las deliberaciones estatales. Tanto es así que aquellas que cumplan este papel enteramente democrático se les suele colocar el nombre de “referéndum”, y son un caso electoral aislado, excepcional en la política contemporánea, muy particular y sólo llevado a cabo en pocas ocasiones. El resto de las celebraciones electorales, que de por sí son la mayoría, sólo sirven para sufragar la “representación” de los grupos de intereses que están detrás de toda pugna social, en lo que se convierte en una desvirtualización del origen ontológico del sistema democrático. Especialmente cuando se cuentan no pocas veces el alejamiento de la voluntad de los gobernantes elegidos para con los intereses que los eligieron. Porque “representación” nunca es la participación directa de quienes hacen vida social, y en dada situación, colocar el nombre de democracia sobre un sistema así no deja de ser nunca una ingenuidad.

La razón que comúnmente se esgrime del porque se adoptó este sistema, o, dicho de otro modo, del porque permitimos que el sistema democrático degenerara en una “plutocracia” disfrazada, tiene que ver con la poca flexibilidad accionaria que representa el tener que verificar con votaciones cada paso y cada actividad que produce el gobierno. Lo que es lo mismo decir que resultaría, para un apologista del sistema democrático-participativo, imposible acudir a eventos electorales toda vez que se pretenda construir una calle, o sanar un acueducto, o quizás derrumbar un parque para construir un museo, por no hablar de temas más trascendentes como el ir a una guerra o implantar un control cambiario en la economía. El gasto de recursos sería incalculable si todas las acciones de gobierno la sometiésemos a elecciones, además de enlentecer absurdamente la dinámica estatal para resolver problemas.

No es viable convocar un sufragio por cada decisión que el gobierno deba deliberar, de manera que la solución pareciera delegar ese poder en algunos pocos y sólo “participar” en la votación sobre quienes tendrán el privilegio de conducir la maquinaria del Estado. Y quizás en la Grecia antigua era todo más fácil. La sociedad helena se conformaba de algunas pocas “polis” o “ciudades-estados” en las que habitaban muy pocos ciudadanos, por lo que era muy sencillo convocar parlamentos en los que se generaran las deliberaciones estatales sobre cada caso en particular. Bastaba con sólo salir de casa e integrarse al parlamento público, levantar la mano y hacer sentir su voto dentro del grupo de voluntades que se reunía para cada ocasión. Un Estado-nacional, como cualquiera con el que se viste políticamente el mundo de hoy, comúnmente lo conforman poblaciones de varios millones de ciudadanos, por lo que la envergadura de la actualidad no permite realizar el espíritu de la democracia en un nivel pleno, completo, agotando su concepto y cumpliendo con su definición absoluta, como solía hacerse en la Grecia de Aristóteles. 

Sin embargo, esa excusa entraba en lugar hasta hace quizás unos pocos años. Cada vez, y gracias al espléndido avance de la tecnología informática y el de las telecomunicaciones, se hace más posible la participación directa de los ciudadanos en los aconteceres que dependen de la fuerza del Estado. Y esto es una realidad que los gobierno esperan seguir ocultando quién sabe durante cuánto tiempo más, porque no conviene relegar sus funciones y devolverlas nuevamente al “pueblo”, como hacían los antiguos atenienses, pero con el uso de la internet, de redes telecomputacionales e informáticas, es posible extender la participación ciudadana sobre las decisiones gubernamentales en diversos temas de ecología, de economía, y de acciones estatales de distintas índoles. 

Pero lo que se observa es justo lo contrario: mucho poder concentrado durante décadas de siglos y en mano de sólo unos cuantos, lo cual es un privilegio al que los gobiernos no están dispuestos a renunciar. Porque durante el transcurso de todo este tiempo incluso se ha logrado forjar un sistema político que contrae factores, realidades y elementos que escapan del conocimiento público, haciéndolos valer como la “tradición”, y en tanto soportados como un dogma, en lo que ellos llaman “secretos de Estado”. Como si el Estado fuese una cosa distinta de la sociedad que lo produce. Como si el cuerpo no fuese la suma de sus órganos. Como si la consciencia fuese algo más que la riqueza del presente.

El egoísmo estatal contemporáneo ha desviado el significado que se había heredado de los griegos. De alguna manera ha logrado rejuntar todas las acepciones estatales que se tenían antes de la época grecorromana, o incluso las que se impusieron posteriormente en el medioevo. El Estado ya poco responde a la voluntad de los ciudadanos. Es el leviatán del que tanto hablaba Hobbes hace algunas décadas, porque, aunque afirmen lo contrario, el oxígeno volitivo que le permite vivir ya no lo suministra el “pueblo”, sino que se volvió a crear una estructura aparte, diferenciada, con intereses propios, con previsiones propias, con proyectos propios, sólo que esta vez con mucha más hipocresía, puesto que el Estado pre-griego era mucho más directo, agalludo, sincero, hacía saber que se trataba de una clase social distinta a la de su población. Y aunque Ciro haya sido lo suficiente altruista en su mandato como para ser recordado como un “buen déspota”, Persia nunca la dominó el interés del público, siempre fue su élite estatal, cuya honestidad se daba a conocer en cada deliberación impuesta desde el Estado, directa, sin el consentimiento de sus habitantes e impuesta siempre “desde arriba”.

En el presente se vive algo similar, sólo que más sinuoso y mucho más disimulado. Un Estado que clame tener “secretos de Estado” pone a la luz su verdadera naturaleza: considera que tiene una vida política independiente a la de sus habitantes. Supone que no le debe explicaciones a la población que dirige. Deja en claro quién es el jefe y quién es el subalterno. No rinde explicaciones a quienes quedan por debajo de sus deliberaciones, pero mientras lo hace, vocifera a vox populi la falacia de que el soberano es el “pueblo”, que sólo cumple el mandato popular. ¡Esto es falso! Nadie ajeno al gobierno, al menos en la ortodoxia occidental, es capaz de imprimir su voluntad o de al menos de medirla con las que si proveniente de la clase gobernante en una deliberación estatal. Esto es clave para entender la diferencia entre la democracia verdadera y el engendro político al que le han acuñado el nombre de “democracia representativa”. 

¡La gente obedece y punto!

Lo más que podría hacerse al día de hoy para hacer cambiar ciertas y sólo ciertas deliberaciones estatales sobre algún asunto público, son las conocidas manifestaciones sociales. No más que eso: ciudadanos marchando en masas buscando la reivindicación de los derechos que el sistema representativo les prometió, pero a los que también dejó huérfanos. Y, aun así, en la mayoría de los casos observados, dichas multitudes se ven en la obligación de pelear cuerpo a cuerpo con los brazos represores del Estado. Policías y agentes armados contratados con el fin de apaciguar dichas manifestaciones, protegiendo a elites de las demandas de los mismos ciudadanos que les dan de comer, y por lo tanto, convertidos en meros mercenarios a disposición del poder estatal, que, dicho nuevamente, se transformó en una clase política con intereses bien propios y distanciados de los de las mayorías. Este deshonesto, camuflado y bastante oculto aparataje político, es lo que se le da el nombre hoy de “democracia”, en el que sólo se tiene el derecho, en el mejor de los casos y sobre todo si se tiene la virtud de ser ciudadano de occidente, de votar cada cuatro, cinco o quizás seis años por quienes serán la nueva élite explotadora, libre de rendimiento de cuentas, apaciguados entre sus “secretos de estado”, y apologistas de su sistema de “democracia representativa”, ¡de su plutocracia disfrazada!

Aun así, este sistema es lo mejor que hemos conseguido después de diez mil años de evolución social, y consecuentemente representa la joya más preciada en cuanto al nivel de participación política que jamás las poblaciones hayan tenido –salvando, tal y como se señaló anteriormente, el caso de los griegos de la Atenas antigua−, pues dentro del grupo de sistemas que hacen vida en la actualidad, es el de la falsa democracia, aquella que se apoda como “democracia representativa”, el que ha permitido mayores grados de libertad y de participación ciudadana delante del resto, cómo ya veremos más adelante. Debemos cuidarlo, debemos protegerlo, porque ha costado mucha sangre, mucho sacrificio, mucho sufrimiento el traerlo hasta el presente. Y aunque sigue siendo muy incompleto, puesto que como hemos visto, no se trata de una democracia auténtica, y continúa estando lo suficientemente lejos de una deliberación propia de la población respecto de su propio destino, del otro lado sólo se encuentran sistemas muchos más déspotas y explotadores. Sistemas que muestran pocos escrúpulos, y que dejan un muy reducido espacio de libertad para quienes hacen vida dentro de la sociedad, en lo que son sinceras tiranías.

Porque, aunque no hemos recuperado el espacio político que nos heredaron los atenienses de la antigüedad, debemos aceptar −que no es lo mismo que resignarnos−, que nuestra sociedad coetánea no está lista para mayores grados de libertad democrática todavía. Suena fuerte, pero es honesto. Las masas aún no muestran el suficiente nivel de consciencia para tomar las riendas del destino de sus propias sociedades. Tal y como afirmaba Sócrates, se dejan manipular por discursos demagogos, eligen muy frecuentemente por puro egoísmo, no se informan de las situaciones históricas por las que atraviesan. Les molesta pensar por sí mismas, y se distraen con mucha facilidad. No comprenden ni buscan comprender las verdades de manera individual, prefieren seguir los dogmas establecidos por la tradición. Son sordos opinando sobre sinfonías, niños que deben ser cuidados y representados por sus padres Estados. En el mejor de los casos, debemos apuntar hacia la aristocracia, al menos mientras que los niveles de consciencia aumenten dentro de las poblaciones aún muy dormidas, y en tanto se debe proteger el sistema de “democracia representativa”, optimizando sus resultados con la elección de los mejores y de las personas más dispuestas y más pertinentes para deliberar las acciones colectivas desde Estado. 

Es decir, cuidar el buen funcionamiento del sistema “democrático” hoy establecido, y protegerlo ante aquellas élites que desean intensamente el secuestro de sus instituciones para cumplir sus voluntades egoístas.